¿Doble estatus sanitario en Colombia?

Preocupa que mientras el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA se esmera por sacar normatividad para favorecer a los exportadores e importadores de alimentos en Colombia y facilitar el libre comercio, la producción y comercialización interna tenga el mínimo/nulo control con respecto a requisitos y estándares en materia de inocuidad, lo cual ya está dejando graves consecuencias en la salud pública de los consumidores, especialmente en las comunidades más vulnerables.

Curioso saber que mientras para la exportación de carne y productos cárnicos comestibles se exija el cumplimiento del sistema HACCP para poder exportar o importar productos, aspecto que fue reglamentado en la resolución 240 de 2013, reglamentario del decreto 1500 de 2007, cientos de establecimientos nacionales dedicados al desposte y expendio de carne y productos cárnicos comestibles, a duras penas cumplen lo definido por el decreto 1500 de 2007, en su gran mayoría siguen casadas con el decreto 3075 de 1997, y es dado por cierto que son pocos los que poseen una certificación HACCP en este sector para garantizar la inocuidad de las canales de carne que usted o yo vemos a diario en el mercado y que compramos en cientos de carnicerías del país (incluyendo las clandestinas).

Las implicaciones.

Para el sistema de salud esto es grave, pues generar condiciones de zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos porque infortunadamente las autoridades le deben jugar primero al señor comercio a consta de millones de personas en el país, le pueden acarrear un gran costo fiscal para el control de ETAS y demás enfermedades conexas. Se agrava mucho más cuando ni siquiera estas autoridades saben cuál es la carga asociada a las enfermedades transmitidas por alimentos, aspecto básico para definir planes, proyectos y programas enfocados en la prevención, el control, la vigilancia y control sanitario.

Para la industria nacional es un arma de doble filo, pues implica duplicidad de requisitos, trámites y procesos para cumplir con estándares en inocuidad tanto para el nivel interno, como en otros países potenciales para la comercialización de sus productos, lo cual sería entrar en desventaja con importadores, pues es bien sabido que las autoridades nacionales de vigilancia y control sanitario prefieren pasar de agache y aceptar lo que digan los de afuera sin pensar en un análisis y evaluación serios en materia de riesgos en inocuidad específicos para el país, identificando qué productos son críticos para la población, la incidencia en función de su procedencia, forma de uso, frecuencia de consumo y vulnerabilidad tanto en su adulteración/falsificación como en falencias en sistemas de conservación  y de trazabilidad para atender a tiempo problemas de índole epidemiológico. Ésto salió en evidencia luego de un concepto del SEABA, en acta del mes de enero de 2014 ,definió que la nueva clasificación de alimentos no tenía ningún criterios técnico y científico y prácticamente no era claro en función de las definiciones de la famosa resolución 2674 de 2013, modificatoria/derogatoria del decreto 3075 de 1997 (ver imagen)

concepto SEABA

Para el consumidor final será un gran atentado contra su soberanía alimentaria, pues estará condenado a comer cualquier cosa, indistinto si es nacional o importado, sin ningún criterio de seguridad, calidad nutricional y respeto a la cultura y antropología alimentaria del país. Esto se agrava porque ni el mismo invima, gracias a su incapacidad técnica y operativa no tiene sistemas decentes para informar y comunicar a tiempo los riesgos en inocuidad de alimentos al ciudadano común, algo que sí tienen otros países debido a su criticidad en volumen de transacciones y movilidad de productos. Tal es es el caso de los Recalls de la FDA, los cuales son informados tanto en su página web como en una página en flickr que entrega con fotografías cuáles fueron los productos que sufrieron algún incumplimiento y que fueron decomisados cada año. Ver página

En el país de la mediocridad todo es posible, hasta crear normas que ni el mismo órgano público sabe  aplicar

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